Después de regalar a los bancos y cajas de ahorro, dinero para refinanciar sus créditos abusivos, ésos mismos bancos que en plena crisis siguen obteniendo cuantiosos  beneficios y que no tienen el más mínimo pudor a la hora de propiciar los embargos de las viviendas de trabajadores que no pueden pagar sus préstamos hipotecarios,  por encontrarse en paro, y que después de ser desposeídos de esas viviendas, siguen siendo deudores al banco, imposibilitando la capacidad de poder levantar la cabeza. El gobierno del Estado,  sigue en sus treces de “cuadrar” las arcas estatales,  pero siempre cargándolo a las espaldas de los más débiles, de los trabajadores.
 
Después de la reforma laboral, (una Reforma Laboral que precariza aún más, si duda alguna, las condiciones laborales de los trabajadores facilitando la temporalidad y el despido libre y más barato), después de reducir drásticamente el presupuesto en el gasto social, (congelación de la pensiones, etc.) ahora le  toca meter mano en el dinero dedicado a las pensiones.
 
Nos encontramos a escasos días para que el Gobierno del Estado español apruebe, si nadie lo remedia, y parece que nadie lo remediará, la Reforma de las Pensiones. Es una imposición, como las anteriores medidas económicas,  por las “reivindicaciones” de los mercados financieros y la UE, a los que este gobierno se ha plegado claramente y que perjudica de forma muy contundente los intereses de la clase obrera. El Gobierno, que sabe de lo impopular de esta medida, que unida a las ya tomadas, pueden ser,  no ya su tumba electoral, que eso nadie lo dudad ya, si no que el malestar social crece como la espuma y puede que nadie pueda controlarlo; para evitarlo, se ha puesto a negociar con sus aliados naturales, esos que sobreviven, con este gobierno y con los anteriores,  a base de cuantiosas subvenciones, con los Sindicatos CC.OO y UGT, bueno,  que representan, pese a todas las ayudas,  el 7% de los trabajadores, para poder tener su coartada y la necesaria  complicidad  que le permita poder maquillar mejor la medida.
 
El Gobierno argumenta que es para garantizar  la viabilidad del futuro de las pensiones y propone emprender entre otras las siguientes actuaciones o medidas:
a) Prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Con esta medida se aseguran el ahorro del pago de dos años de pensiones.
b) Variar el tiempo de cálculo del cómputo para el cobro de la prestación de 15 a 20 años. Se estima una media de un 5´45% de ahorro por cada pensión.
c) Aumentar el tiempo para poder cobrar la prestación máxima de 35 a 40 años. La pregunta es: A día de hoy ¿cuántos van a poder sumar esos 35  o 40 años de cotización?. El que sea espavilao y a los 25 años se “coloque” de funcionario o personal laboral de las distintas Administraciones: municipal, autonómica o estatal. El chaval que acabe sus estudios con 25 años, no tenga padrino y con suerte empiece a trabajar a los 30,  no puede fallar un solo día de cotizar pues de lo contrario no tendrá pensión 
Pero aún peor, cuántos andaluces que trabajan en el sector servicios  (construcción hostelería, jornaleros, trabajadores de la mar, autónomos,…) van a poder reunir los 35 años. Qué andaluz tiene la oportunidad de entrar en una empresa fuerte (¿donde están esas empresas en nuestra tierra, en Andalucía?). 
 d)Aumento del periodo para el cobro de una prestación mínima. Actualmente está en 15 años, se pretende elevarlo a 20 años.
 
Todo este paquete de medidas va encaminado a reducir de manera considerable el gasto en el pago de las pensiones, en general, ínfimas y ridículas, y a hacer prácticamente imposible garantizar el acceso a una gran parte de la población al cobro de unas pensiones dignas.
 
El sistema de pago de las pensiones tiene que estar basado en un principio solidario, donde las personas en activo participen y garanticen el pago de las pensiones de los trabajadores que se jubilan, y a su vez aseguren su viabilidad. El sistema propuesto pone en cuestión este principio solidario y fomentará el crecimiento de los planes de pensiones privados como única alternativa, en beneficio de los intereses de la banca y dejando desamparadas a las personas más débiles que no se lo puedan permitir.
 
Los bancos, como no podría ser de otra forma,  suelen tener un Acuerdo de Plan de Pensiones para sus trabajadores. Los funcionarios públicos también lo tienen.  Pues bien, esos fondos de pensiones son administrados por el Estado en el 70% ,  UGT un 15%  y CC.OO 15%. Para colmo, esas cantidades que las empresas detraen de las nominas, para los planes de pensiones, NO COTIZAN A LA SEGURIDAD SOCIAL, lo que podría ser una estafa a las arcas de la  propia seguridad social.
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En definitiva, el gobierno pretende y conseguirá sacar esta medida hacia delante, si es con los sindicatos, maquillarán las medidas para intentar  seguir adormeciendo la conciencia ciudadana y en el peor de los escenarios, el Gobierno lo aprobará en solitario, le cueste lo que le cueste, en palabra de su máximo líder,  lo que le costará, es perder el Poder,  que para los que tienen buenos sueldos y buenas influencias, no lo echarán en falta. Todo esto si entrar a valorar el papel de los sindicatos “mayoritarios” y su comportamiento, no de ahora, si no desde hace años, partiendo de la base que analizar su papel en la sociedad, tiene que suponer, necesariamente, poner en tela de juicio el concepto de democracia que tenemos.

Andalucía 25 de enero de 2011
Antonio L. Calderón Díaz
Presidente de FORO ABEN HUMEYA
Fue Secretario General del SINDICATO ANDALUZ (1.980-1.996)